Por Francisca Valencia Valdebenito
Zapallar es un proyecto que contempla la construcción de un embalse de riego junto a sus obras anexas y complementarias. Considera una capacidad total de 80.000.000 m3 en condiciones normales. Según los objetivos planteados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), almacenaría recursos excedentes de invierno de los derechos eventuales otorgados a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) para alimentar “nuevas áreas de riego”, en una cantidad de 10.000 hectáreas (ha) ubicadas en las comunas de El Carmen y San Ignacio.
El embalse estaría ubicado geográficamente sobre la angostura del valle del río Diguillín denominada Zapallar, 12 kilómetros debajo de la confluencia con el río Renegado, ambos pertenecientes a la cuenca del río Itata, en las comunas de Pinto y El Carmen.
El estudio fue encargado a la consultora MN Ingenieros-LEN Asociados. Se presentó en septiembre del año pasado y en noviembre del mismo año las autoridades del MOP se desistieron de él, tras las múltiples indicaciones realizadas por organizaciones medioambientales, ciudadanas y gubernamentales.
Sobre esto, el abogado especialista en Derecho Ambiental, Doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Chile, Jorge Aranda, explica que desistirse de un proyecto es -dicho coloquialmente- retirarlo de su tramitación como procedimiento administrativo, y que esto puede realizarse por dos razones principales: bien para retirar el estudio definitivamente y no llevar a cabo el proyecto, o retirarlo para modificarlo y que no sea rechazado en instancias posteriores. Este último pareciera ser el caso, ya que en la zona se han presentado nuevos consultores para hablar e insistir sobre la iniciativa en los últimos meses, según cuentan algunas de las vecinas de la zona.
La fecha estimada de inicio de ejecución sería el 1 de diciembre de 2022. El monto de inversión sería $US 212.500.000, de acuerdo a lo que indica el EIA, que equivale aproximadamente a 175 mil millones de pesos chilenos.
Este proyecto vendría a ser complementario al mega sistema de regadío del canal Laja-Diguillín iniciado en la década del 90. Este en su momento se presentó como la solución contra una sequía cada vez más inminente, pero en los hechos terminó por dejar sin agua a muchos de los que prometió abastecer.
Un panorama que hoy miran con miedo gran parte de los vecinos de las zonas que serían afectadas por el proyecto embalse Zapallar, esto por lo ocurrido en el pasado en cuanto a la similitud de la iniciativa y sus promesas.
Peligros del embalse para el ecosistema de Diguillín
La zona donde está planeada la construcción de este embalse forma parte de una de las diez Reservas de la Biosfera declaradas por la Unesco en Chile: el Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja, reconocida como tal desde 2011.
Estos territorios cuentan con el reconocimiento internacional y constituyen “sitios de apoyo a la ciencia al servicio de la sostenibilidad”, según la Unesco. Es decir, zonas especialmente designadas con objeto de probar enfoques interdisciplinarios para comprender y gestionar los cambios e interacciones de los sistemas sociales y ecológicos, incluidas la prevención de conflictos y la gestión de la biodiversidad.
Sin embargo, en la ficha documental “Chile: Corredor Biológico Nevados de Chillán Laguna del Laja”, confeccionada y publicada en 2011 por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se admite que en esta Reserva de la Biosfera se desarrollan proyectos de generación de energía, de riego y viales que tensionan su gestión sustentable. La construcción de un embalse no haría más que contribuir a esta avisada tensión en la sustentabilidad de la zona.
La Doctora en Ecología y Biología Evolutiva e investigadora de la ONG FIMA Fernanda Salinas, comparte este análisis: “Encuentro realmente insólito que el Gobierno esté presentando un proyecto como este. Si ni siquiera vamos a respetar las Reservas de la Biosfera que se declaran, realmente somos un país en el que podemos tener muy poca confianza, ¿verdad?”.
A lo anterior no hacen más que sumarse una serie de impactos medioambientales que repercutirían gravemente en el ecosistema del río y el terrestre. Aproximadamente tendrían que extraer 189,45 hectáreas del sector que corresponden a bosque de alóctonas asilvestradas y bosque de preservación -donde se presentan por lo menos dos especies en conservación, el naranjillo y el guindo santo-, además de gran parte del bosque nativo y terreno de plantación en las distintas áreas.
En entrevista con El Ciudadano la doctora Salinas profundiza en la materia: “Son especies que están amenazadas, que la ley prohíbe cortar y que, en el fondo, como país estamos obligados a conservar”.
Y añade: “En la medida que vamos destruyendo los hábitats de las especies que están amenazados, lo que estamos haciendo es incrementar su grado de amenaza. Lo mismo con los peces. Casi todos los peces de Chile de agua dulce están en categoría de conservación, esto es porque hemos alterado todos los cursos de agua, en mayor o menor medida”. La carmelita y el bagrecito son dos de las especies de peces nativos que se verían más amenazados por este proyecto en el río Diguillín.
Pese a que el estudio plantea soluciones como la “perturbación controlada o la relocalización”, la doctora Salinas reconoce que el éxito de estas actividades tiende a cero, siendo casi nulo. “Las especies que son trasladadas tienen supervivencia muy baja. Tal vez en términos teóricos funciona, pero en la práctica es distinto (…)”, advierte.
La especialista afirma que este compromiso “se hace para cumplir con algo que se exige, pero no tiene sentido biológico. Tan solo se incrementa el nivel de amenaza a la conservación biológica que tienen estas especies”.
Las aves serían otra de las especies amenazadas por este proyecto. Es el caso de la torcaza -que presenta una categoría de conservación de preocupación menor-, mientras que el concón y el pato cortacorrientes se encuentran en la categoría de casi amenazadas. Por su parte, el peuquito está ya en la categoría de “Raro”. Esto, sin contar una serie de anfibios y reptiles que tienen capacidad de movilidad baja.
Además, es un hecho documentado de manera sostenida, que los embalses generan una erosión del lecho del río aguas abajo de la represa, incluso en los deltas costeros.
En conclusión, se transforma completamente el hábitat conocido por un nuevo ecosistema artificial a partir de la construcción de un embalse, que produce un impacto en la flora y fauna nativas muchas veces irremediable, incrementando la vulnerabilidad y los efectos nocivos en los ecosistemas.
Así, el balance de la doctora Fernanda Salinas es rotundo: “La verdad es que todos los impactos ambientales son extremadamente adversos. Lo único positivo es que se van a generar zonas de riego aguas abajo. Pero hay expropiación, hay afectación del paisaje de un área que está protegida, del suelo y de la flora, de la fauna y de la fauna íctica. Entonces, si sumas y haces cálculos de los impactos, te das cuenta que es un proyecto que no debería hacerse, porque tiene más impacto negativo que positivo”.
En tanto, el citado doctor Jorge Aranda opina que uno de los problemas principales que existe en Chile con respecto a este tipo de proyectos es a nivel legislativo -la falta de prioridad que se les da en la agenda política-, donde pareciera que la protección de la biodiversidad es un tema continuamente postergado por los distintos gobiernos. “No se ha invertido en eso y tampoco se ha creado un servicio de biodiversidad y áreas protegidas que tendría que ser el llamado a hacerse cargo de este problema. Entonces, mientras no exista ese servicio, no hayan competencias claras, no sepamos bien cuáles son las categorías de protección, vamos a seguir así en Chile”, comenta.
Es decir, cada vez que se quiera crear un proyecto que afecte a un área protegida, tensione la biodiversidad y afecte un ecosistema determinado de alto valor, el problema seguirá repitiéndose.
Irregularidades y promesas
Antonio Riquelme es parte de la agrupación Somos Diguillín, formada en 2019 debido a la inquietud y oposición generada por la noticia de la reactivación de este proyecto, que se arrastra hace años. La agrupación, junto a varios vecinos de la zona, denuncian una serie de irregularidades con las que se ha llevado el proceso, para afirmar que este carece de licencia social y ambiental.
Según cuentan los vecinos y participantes de la agrupación, las irregularidades han viciado el proceso. Las faltas a la transparencia y rigurosidad se han visto reflejadas en distintos ámbitos: desde pasar a los terrenos de los vecinos sin pedirles permiso, presentarse sin credencial de identificación, amenazas de llamar a autoridades o a Carabineros; hasta hacer firmar documentos a adultos mayores que no tienen acceso oportuno a la información de esta iniciativa. Todo esto, bajo la frágil promesa de que todos van a tener agua; una promesa que, por lo demás, no tiene un sustento documental hasta la fecha.
“Yo incluso diría que la información que dan es sesgada. Ellos lo que quieren es informar siempre en el ámbito de la ambigüedad, pero ¿quiénes van a ser los reales beneficiados con este proyecto?… Nosotros hace poco, como agrupación, pedimos por Ley de Transparencia la información a la Dirección de Obras Hidráulicas. Resulta que todavía no hay una lista de gente beneficiada, pero ellos andan prometiendo agua a todo el mundo: ‘No, si usted va a estar en una lista’, les dicen. Pero en la realidad esa lista no existe en ninguna parte, la información que ellos entregan no tiene ningún respaldo”, fundamenta Antonio.
No ha habido consultas ciudadanas, el proyecto se ha llevado con una desinformación absoluta y carente de interés en lo que piensa la comunidad, que va a verse afectada por expropiaciones y disminución de agua en sus napas subterráneas, producto de este embalse. Así lo afirma gran parte de los vecinos de una de las zonas más afectadas, como lo es San Vicente Bajo, y Somos Diguillín, a quienes les preocupa la desprotección del río Diguillín y su ecosistema.
En tanto, el MOP y distintas autoridades de la Región de Ñuble muestran este embalse como un proyecto que beneficiará a los pequeños agricultores, que será la solución a la sequía y que tiene un amplio apoyo ciudadano, respaldo difícil de demostrar debido a la falta de datos y consultas ciudadanas.
“Son grandes empresarios agrícolas (los que serán beneficiados), pero todo ese crecimiento o ganancia no llegará a las personas… todavía existe esta forma latifundista, de familias que son dueñas de enormes predios, enormes fundos (…) pero esta gente no es visible. No es que esta gente esté hablando con la prensa, organice comités pro embalse, ¡no!, son otros los que se encargan de esa pega: medianos y pequeños agricultores son las caras visibles. Los grandes agricultores siempre están invisibles y esa también es una estrategia empresarial muy usada acá en Chile, el poder en las sombras”, agrega Antonio de Somos Diguillín.
Patricia Troncoso es una de las vecinas de la comuna de El Carmen, vive en la zona de inundación destinada por el proyecto, en San Vicente Bajo. A su terreno han tratado de entrar de distintas formas, con y sin su permiso. En una ocasión incluso hicieron firmar a su padre, un adulto mayor, un documento para darles acceso a su terreno a los representantes de la consultora. No le dejaron copia de lo que firmó y Patricia tuvo que realizar la gestión para que le devolvieran el permiso.
Nayadeth Quintana también forma parte de Somos Diguillín. Ella señala que, dentro de las múltiples observaciones que se hizo al proceso de evaluación ambiental, en general destacó la falta de especialistas que pudieran hacer indicaciones formales al EIA, ya que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no facilita ese recurso humano a estas pequeñas comunidades. “Es un punto super importante que igual daña a las organizaciones y a las personas que no quieren este tipo de proyectos, ya que no estamos en igualdad de condiciones”, enfatiza.
Nayadeth también acusa una especie de reciclaje de información del antiguo proyecto de embalse presentado en 2002, por la misma consultora, que no se ajusta a las necesidades y contextos específicos actuales. En ese sentido, explica que “por ejemplo, para el monitoreo del aire se utilizaba un proyecto anterior, Central El Campesino, que está super lejos, como a 60 kilómetros de distancia de lo que es el proyecto de embalse Zapallar”.
Otro tema importante es la falta de congruencia con respecto a la cola del embalse y a la cantidad de kilómetros que va a afectar. No aparece esa información clara en el estudio. Este punto es sostenido también por Patricia Troncoso, quien preguntó a expertos en distintas instancias y la información no siempre cuadraba. “En un informe aparecía un dato y en otro informe aparecía otro”, advierte.
Cuando Patricia y Nayadeth tuvieron la oportunidad de asistir a los aprestos que hizo el SEA, los expertos que se suponía debían manejar el tema del proyecto del embalse, no tenían claridad. “Por ejemplo, si les preguntabas por el caudal ecológico del río no sabían, y eso estaba indicado en el estudio. O sea que ni siquiera se estudiaron el proyecto para ir a explicarlo a la gente”, apunta Nayadeth.
Expropiaciones
Las superficies a expropiar para este proyecto se emplazan en una extensión aproximada de 6 kilómetros bordeando el río Diguillín, con una superficie tentativa de 503,5 hectáreas, damnificando a múltiples campesinos y vecinos de la zona.
“En general, cuando el Estado expropia, lo que hace es ir a Bienes Nacionales, y tiene que hacer una compraventa forzosa en ese caso, de interés público. Entonces, el Estado ofrece un precio. Pero se puede hacer un juicio para reclamar el precio y exigir un valor que corresponda a lo que realmente es. Lo que generalmente hace el Estado es ofrecer un precio menor al que sería el comercial. Ahora, el problema es que los juicios por expropiación pueden ser muy largos y desgastantes”, explica el doctor Aranda.
Victoria Rivas es vecina de San Vicente Bajo, y de llevarse a cabo el proyecto le expropiarían más de la mitad de su terreno. Ella se dedica a la crianza de animales a pequeña escala como actividad de subsistencia. Ha vivido ahí toda su vida, sus padres también son de allí: “Nos están obligando a irnos, porque nosotros no estamos vendiendo nuestros terrenos ni tampoco queremos irnos de aquí. ¿Cómo voy a tener una parte de terreno aquí? ¿La otra dónde la voy a comprar? ¿Qué hago con los animales?”, se cuestiona.
Victoria se encuentra en un estado constante de nerviosismo por la amenaza de expropiación. “No son transparentes. Cuando vienen a hablar con nosotros, hablan puras maravillas; que poco menos que nosotros vamos a quedar mejor que antes, pero esta no es la realidad. Nosotros podemos ver el agua correr, pero no va a ser nuestra, tiene derechos, derechos caros que no son de todos. Y así va a pasar con la tierra también”, advierte.
En tanto, Patricia es enfática en afirmar que, de concretarse el proyecto, San Vicente Bajo sería el más afectado. “Para mí San Vicente Bajo desaparece, porque las casas están a los pies del cerro, así que les quitarían las mejores tierras para subsistir”, concluye.
En marzo de este año retomaron las visitas al sector los nuevos encargados del estudio. Esta vez estará en manos de la consultora Gestión Ambiental Estratégica Consultores Ltda, quienes han verbalizado a algunos de los vecinos que planean poder ingresar el estudio en junio de este año. El pasado 7 de mayo, en mitad de la pandemia, los representantes pidieron reuniones pequeñas de cinco personas para agilizar el proceso, sabiendo la tendencia de la población adulta mayor en la zona y los riesgos a los que los exponen si los hacen salir.
En mitad de una crisis sanitaria mundial, pareciera que el proyecto del embalse Zapallar sigue siendo una prioridad para las autoridades de gobierno.
Por Francisca Valencia Valdebenito
Publicado en El Ciudadano.com
Imágenes: Agrupación Somos Diguillín
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