El pasado miércoles 4 de abril, la Tercera Sala de la Corte Suprema -en fallo dividido de tres votos contra dos- rechazó los siete recursos de protección interpuestos en contra del megaproyecto hidroeléctrico Hidroaysén, en los que se denunciaban graves irregularidades constatadas en su proceso de evaluación ambiental.
Como organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, rechazamos de plano esta resolución de última instancia, a la vez que denunciamos y condenamos de modo enérgico el conflicto de interés que tiene en la causa uno de los magistrados que resolvió a favor de la empresa, el ministro Pedro Pierry, dado que posee en ella acciones por más de 90 millones de pesos. Un voto, por lo demás, que resultó ser decidor a la hora de dirimir el veredicto de este tribunal, que sentencia a la Patagonía, a sus ríos y a las personas que habitan esas australes tierras a la pérdida de sus bienes comunes.
A casi un año de la aprobación inicial del proyecto –el 9 de mayo de 2011- por parte del Consejo Regional Ambiental de Aysén, denunciamos una vez más la imposición de un modelo energético social y ambientalmente insustentable, pues constituyen falsas soluciones que sólo responden a intereses corporativos. Proyectos como Hidroaysén son refrendados por las autoridades como una respuesta válida, pero en la práctica, éstos en lugar de resolver una crisis estructural provocada por el propio sistema, la profundizan.
De allí el contundente repudio por parte de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada a éste y otros megaproyectos energéticos que intentan instalarse en Chile, tales como Castilla, Isla Riesco y Barrancones, evidenciando el divorcio que existe entre las decisiones de la autoridad y la opinión de comunidades locales afectadas y a nivel nacional, así como en la manera en que unos y otros entienden y asumen la protección del medio ambiente.
Chile requiere hoy de cambios profundos en el enfoque de su política energética, que respondan a las reales necesidades de las personas y que a su vez hagan resguardo del medioambiente y la sostenibilidad de los distintos territorios. La aprobación unánime y sin mayores reparos de un proyecto de la envergadura de Hidroaysén por parte de la institucionalidad ambiental, así como los fallos preliminares de Cortes de Apelaciones y el reciente de la Corte Suprema, que no resguardan garantías fundamentales como son el derecho a la vida, a la integridad física y síquica y a vivir en un medioambiente libre de contaminación, son ejemplos inequívocos que el estado avanza en una senda contraria a lo que la inmensa mayoría de los chilenos anhela y necesita.
Una reflexión de fondo a estas causas estructurales y falsas soluciones tendrá lugar en Río de Janeiro en junio próximo. A 20 años de la Cumbre de la Tierra realizada en esa misma ciudad, éstos son parte de los ejes de discusión que darán forma a la Cumbre de los Pueblos –que se desarrolla en paralelo a la cumbre oficial Río+20 de representantes de Estado-, en donde se establecerán estrategias conjuntas regionales y mundiales para alcanzar los cambios a que aspiramos.
¡Justicia social y ambiental para nuestros pueblos!
PLATAFORMA RÍO + 20 CHILE
Santiago, miércoles 11 de abril de 2012
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