81 organizaciones ambientales, sociales, culturales y laborales cuestionaron el proyecto Concesión Obra Pública La Punilla, que está destinada a embalsar 625 mil millones de metros cúbicos de agua para riego y generación de electricidad. El embalse daría mayor seguridad de riego a 60 mil hectáreas e incorporaría otras diez mil a regadío, para lo cual será necesario inundar 1.700 hectáreas. Sin embargo, quienes cuestionan esta obra, consideran que los mega-embalses de este tipo están obsoletos, son caros, no rentables y provocan graves daños ambientales a las hoyas hidrográficas.
Las organizaciones adhirieron a una declaración pública dada a conocer por la Coordinadora Ñuble Sustentable y Libre de Contaminación, que agrupa a diversas organizaciones socioambientales de la región. 44 organizaciones que suscriben el documento son de Ñuble y el resto de otras regiones e incluso de carácter nacional, entre ellas asociaciones, ONG, fundaciones, federaciones y comités.
La declaración invita a debatir sobre la conveniencia de este mega-embalse, que requerirá de una millonaria subvención fiscal. Durante la visita del presidente Piñera a Chillán Viejo, el 20 de agosto, agricultores y gremios empresariales regionales y nacionales, le solicitaron apurar el inicio de obras y aumentar la inversión estatal utilizando “algún fondo de reactivación económica o de reasignaciones presupuestarias” con cargo a los 12 mil millones de dólares definidos para los próximos años.
La Coordinadora Ambiental sostiene que si la mayoría de los fondos son fiscales y se está solicitando el aumento de los mismos, “la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes serán los beneficiados de este proyecto. Quienes son los propietarios a perpetuidad de los derechos de agua y cuántos derechos de agua están disponibles para los pequeños agricultores y cuáles son los impactos ambientales y productivos reales”.
Quienes promueven la ejecución de esta mega-obra, sostienen que el 70% de los beneficiados serán los pequeños agricultores. La Coordinadora Ambiental señala que es necesario que la ciudadanía conozca cuánta tierra y cuántos derechos de agua tienen esos pequeños agricultores y cuánta tierra y derechos de agua, el otro 30 por ciento, que corresponde a grandes agricultores y grandes empresas.
La concesión de la obra fue otorgada en el 2016 al consorcio italiano Astaldi, actualmente en conflicto legal con el MOP, y aún no existen proyectos de ingeniería aprobados. El MOP solicitó el término del contrato y todo está paralizado a espera de la resolución de la Comisión de Arbitraje.
Las organizaciones ambientales dicen no ser las dueñas de la verdad, “pero el sentido común indica que es necesario rediseñar este proyecto de acuerdo al nuevo escenario climático, tecnológico, energético y ambiental”. Agregan que el embalse “no se ve viable desde el punto de vista económico, ambiental, social y no será una solución real para los pequeños agricultores ni menos para la agricultura familiar campesina, en donde está radicada la pobreza rural”.
También la Coordinadora Ambiental manifiesta estar consciente de que la región de Ñuble tiene vocación agrícola y que necesita riego para sostener y aumentar sus superficies cultivables, pero no hay certeza de que la solución al déficit de agua se resuelva con mega-embalses. Podría ser una sumatoria de obras a menor escala, menos invasivas, como embalses fuera de línea, que no afectan los cauces naturales de los ríos, acumuladores de aguas lluvias, tecnificación del riego, impermeabilización de canales u otras alternativas.
COORDINADORA AMBIENTAL ÑUBLE SUSTENTABLE Y LIBRE DE CONTAMINACION.
Ulises Lari Silva, periodista, rut 5429505-7, por equipo coordinador.
Declaración:
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