Chillán, 06 de noviembre de 2020
La Coordinadora Ambiental Ñuble Sustentable y Libre de Contaminación y las organizaciones ambientales que suscriben, vemos con preocupación que el Estado chileno a través del Ministerio de Obras Públicas insiste en su política de construcción de grandes embalses en Ñuble y con el pretexto del progreso y del bien común, pasa por encima de los intereses de comunidades a las que debiera proteger. Esta política ha sido intensificada por el actual gobierno que pretende que estos proyectos obtengan sus resoluciones de calificación ambiental (RCA) con mucha celeridad, cayendo en inconsistencias entre los datos publicado por el MOP y el proyecto presentado al SEA, lo que demuestra el alto grado de improvisación, poca rigurosidad y voluntarismo con que se aborda el tema, como también genera confusión y desconfianza en la opinión pública y en las comunidades afectadas.
El proyecto Embalse Zapallar, en proceso de calificación ambiental en el SEA Ñuble, desde septiembre de este año, está proyectado para asegurar el riego de 44.630 hectáreas e incorporar otras 10 mil hectáreas en San Ignacio y El Carmen. Para ello pretende embalsar las aguas invernales del río Diguillín, impactando territorio de las comunas de Pinto, San Ignacio y El Carmen.
Diversas organizaciones socioambientales de El Carmen, San Ignacio y Pinto han levantado su voz oponiéndose a la construcción de este embalse, debido a los impactos negativos que provocará en el valle Zapallar, como son la inundación de cientos de hectáreas, la pérdida de flora nativa y del hábitat de la fauna, y lo que es más importante, implicará expropiaciones de terrenos y viviendas, y obligará a la erradicación y relocalización de muchas familias, que aún no han sido notificadas. Se estima en 1.577,94 hectáreas el área de emplazamiento y afectación del medio hídrico (área de inundación y obras asociadas). Además, parte de la superficie de inundación estará en al interior de la Reserva de la Biósfera Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja.
Entregamos nuestra solidaridad a las familias que se verán afectadas por este proyecto y comprometemos nuestro apoyo a las organizaciones que están reaccionando y expresando su rechazo al conocer los detalles de este embalse y sus obras anexas. Al igual que lo expresamos respecto al proyecto Punilla, es necesario transparentar cuál es el verdadero propósito de este proyecto. Entre los afluentes del río Diguillín se considera también el Canal Laja-Diguillín (con una capacidad de 40m3/seg) cuyos derechos de aprovechamiento aún no están constituidos y siguen en la condición de volumen de agua reservada del fisco, dentro de la Laguna del Laja. Se suponía que el canal Laja-Diguillín beneficiaría a 60 mil has., pero es de público conocimiento que existe un conflicto entre la DOH (Dirección de Obras Hidráulicas) y ENDESA por el uso de las aguas de la Laguna del Laja que no ha permitido llegar a esa cifra, para sortear ese obstáculo este gobierno prefiere hacer una inversión de 212,5 millones de dólares, para la construcción de un embalse para 54.630 has.
Creemos que antes de realizar una inversión de esa envergadura y provocar un impacto tan significativo en el río Diguillín, en el valle Zapallar y en su gente, el gobierno debe aclarar y resolver la situación del Canal Laja Diguillín.
Al igual que en el Punilla, no nos oponemos a que los agricultores mejoren su seguridad de riego, pero exigimos la búsqueda de soluciones que no hipotequen el territorio cordillerano y que respeten el equilibrio ecológico; así también exigimos total transparencia con las comunidades que se verán afectadas; que se sepa realmente quiénes serán los beneficiados y por qué se necesita un embalse, cuando se suponía que el canal Laja-Diguillín mejoraría el riego a 60 mil hectáreas prácticamente en la misma zona geográfica.
Tradicionalmente este tipo de embalses benefician mayoritariamente a las grandes empresas agrícolas y a sus monocultivos y no a pequeños agricultores ni a las comunidades rurales, muchas de las cuales carecen de agua y deben ser abastecidas por camiones aljibes.
Finalmente expresamos nuestro rechazo a que el agua se siga considerando como un bien que se transa en el mercado y que se vende al mejor postor. La ciudadanía mayoritariamente se pronunció el 25 de octubre para cambiar el actual sistema y para que el agua sea un bien común, con rango constitucional, que asegure a todos los chilenos su libre acceso.
Adhieren a esta declaración:
1.- Coordinadora Ambiental Ñuble Sustentable y Libre de Contaminación
2.- Somos Diguillín, Movimiento Social por la Defensa del Diguillín
3.- Comité Unión Diguillín (Afectado por embalse Zapallar)
4.- Diguillín Libre
5.- Huella del Diguillín
6.- Asociación Parque Juan Schleyer
7.- Comité Ambiental Comunal Chillán Viejo
8.- Movimiento Social en Defensa del Rio Ñuble, Ñuble Libre
9.- Asociación Defensas del Entorno Ecológico y Patrimonial Sector Poniente Rio Ñuble, ADEEP
10.- Comité Borde Costero Colmuyao
11.- Todos Somos Cobquecura, TSC
12.- ASACH, Agrupación Socio Ambiental de Chillán
13.- Pemuco sin Termoeléctricas
14.- Defensa Ambiental ONG
15.- MODATIMA
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